Que el acceso a la vivienda es uno de los problemas fundamentales de la sociedad actual y más en España, es una realidad. Qué se está haciendo en todos los ámbitos en materia de vivienda social? Cuál está siendo la respuesta del sector de la construcción? Qué planes se están llevando a cabo, qué medidas se están adoptando y qué acciones están previstas por varios estamentos? Conocer el panorama actual y futuro es el objetivo de este artículo, donde se exponen las principales iniciativas desde diferentes ámbitos.

Podríamos decir que la pelota de la vivienda social está en el tejado de las administraciones, pero no es realmente así. Resulta ser un problema en que todos los estamentos tienen algo a hacer y a decir, que reclama una alianza de país, un pacto de Estado, a pesar de que las principales decisiones vienen de la mano de los responsables políticos.

Reivindicaciones del sector de la construcción para aplicar un conjunto de políticas

La inversión pública está estrechamente vinculada a la construcción de viviendas sociales. A pesar de que existen reservas de suelo, las administraciones a menudo argumentan que los presupuestos disponibles son insuficientes para lograr los objetivos establecidos en materia de vivienda social. De aquí la importancia de apostar por la colaboración público-privada (una utilización abusiva de medios propios que hacen algunas administraciones muchas veces la impide) para incrementar la oferta de vivienda social.

Pero el sector de la construcción, que es un socio estratégico en esta materia, reclama también otras medidas para lograr los objetivos:

* Políticas de apoyo al acceso de una primera vivienda, como un programa de avales para jóvenes.
* Adoptar e incentivar el establecimiento de beneficios fiscales.
* Agilizar los préstamos ICO.
* La simplificación y agilización de los procesos y canales actuales para la tramitación de las licencias urbanísticas y, en concreto, la licencia de obra y primera ocupación. Una mejor gestión del urbanismo.
* Un nuevo modelo de clasificación de empresas que no atente contra la competencia entre constructoras en el acceso a las obras.
* Una actualización de los precios para acceder a los concursos públicos (esto hace que cada vez más concursos queden desiertos). Así mismo, la industria advierte que, al registrar costes tan elevados, se crea un perjuicio para la sociedad, dado que las promociones no se pueden ejecutar y, por lo tanto, la nueva oferta de vivienda residencial no llega al segmento que más la necesita.
* Las mejoras en las tasaciones, lo cual garantiza una asignación justa de recursos, promoviendo viviendas sociales más accesibles, equitativos y sostenibles.

Situación y propuestas que vienen de Europa

Europa es un ‘rompecabezas’ en materia de vivienda social, con una disparidad basada en raíces históricas profundas, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos países del centro del continente emprendieron programas masivos de construcción de vivienda pública, mientras que otros, en contraste, como España, centraron sus esfuerzos al construir viviendas en régimen de propiedad en lugar de alquiler social. Algunos ni siquiera cuentan con vivienda social, como es el caso de Letonia, Lituania y los países del sur como Grecia, Chipre y Malta. Otros apenas cuentan con una presencia testimonial de vivienda social: Croacia, un 1,8%; Estonia, un 1,7% y Rumanía un 1,5%.

El Reino Unido ha puesto en marcha la iniciativa Help tono Buy (ayuda para comprar), un programa que permite la compra de una vivienda con financiación hasta el 95% del precio total mediante aval para la entidad financiera.

Al frente en vivienda social a Europa están los Países Bajos, Austria y Dinamarca, con cifras que llegan al 30%. Pero se dan otras políticas nacionales. Así, por ejemplo, entre nuestros vecinos, Francia ofrece crédito al 0% de interés y, en el mercado del alquiler, destaca Portugal que, en diferentes grados, puede llegar a subvencionar las rentas durante los tres primeros años.

Sin embargo, es común la creciente crisis de vivienda al continente, hecho que ha provocado que la presidenta de la Comisión Europea mueva ficha, en su nueva etapa, y haya propuesto un nuevo comisario de Energía y Vivienda y el denominado ‘Plano Europeo de Vivienda Asequible’, que consistirá a ofrecer asistencia técnica a ciudades y Estados miembros. Se centrará en inversiones y calificaciones profesionales, buscará aumentar la construcción de viviendas sociales, regular el alquiler, fomentar inversiones sostenibles y garantizar la protección de los inquilinos, a la vez que combatir la exclusión social y mejorar el bienestar. Un objetivo ambicioso cuando los tratados de la Unión no otorgan a las instituciones europeas ninguna competencia en Vivienda.

Iniciativas destacadas en España de diferentes estamentos

A nivel institucional, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) lleva a cabo actuaciones en ámbitos como el acceso a la vivienda o la articulación de ayudas. De este modo, cuenta con cinco programas para contribuir a lograr la meta de construir unas 183.040 viviendas de alquiler social o a precios asequibles repartidas por toda la geografía española. Cifra que incluye las 50.000 viviendas a movilizar por la Sareb y las 11.000 del Fondo Social.

En concreto, el objetivo inicial del MIVAU es poner a disposición de la ciudadanía unas 123.040 viviendas sociales de la mano del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – fundes europeos de recuperación NextGenerationEU, el Plan Estatal de Vivienda, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes).

Un ejemplo de colaboración público-privada e ir de la mano en la producción es el Pla VIVE de la Comunidad de Madrid, enfocado en viviendas de alquiler con rentas reguladas y que apuesta por la vivienda asequible en alquiler. Pretende lograr en tres años la cifra de 10.500 nuevas viviendas de alquiler a precio asequible, la mayoría bajo la modalidad de construcción industrializada.

En Andalucía, el proyecto NZEISHB (Near Cero Energy Industrialized Social Housing Building), promovido por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), es una propuesta innovadora destinada a la edificación de viviendas protegidas con un consumo energético casi nulo y también mediante métodos industrializados.

En la misma línea, el plan NSH del Gobierno de Navarra, a través de la sociedad Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.Uno. (Nasuvinsa, SAU), busca favorecer, desde los poderes públicos, el acceso de la población más desfavorecida a una vivienda de calidad y a precios asequibles. Contempla la construcción sostenible de 1.116 viviendas de protección oficial (VPO), que implica la movilización de una considerable inversión productiva y que favorece la integración social. De nuevo, la construcción industrializada es protagonista en este plan.

A nivel municipal, destaca la tarea del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona (IMHAB), que gestiona un parque que ya supera las 11.500 viviendas en la ciudad y que trabaja recuperando pisos vacíos en propiedad y, por otro lado, promoviendo la construcción de nuevas promociones (la mayoría apostando también por la construcción industrializada) en régimen de alquiler público.

Por su parte, a Madrid, las familias con rentas mensuales de hasta 4.500 euros podrán acceder a las más de 2.200 viviendas destinadas a alquiler asequible del ‘Plano Suma Vivienda’, la nueva propuesta del Ayuntamiento de la capital con la cual pretende paliar la escasez y los altos precios en el sector inmobiliario, mientras incentiva la colaboración público-privada.

Todas estas y otras iniciativas, y el debate sobre el gran reto del acceso a la vivienda y la puesta en marcha de políticas de vivienda social, serán protagonistas a la próxima edición de CONSTRUMAT, que se celebrará del 20 al 22 de mayo de 2025, un foro no solo para el crecimiento del sector de la construcción, sino también para favorecer la transformación social.